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En un México ideal, el estado de derecho predomina sobre todas y todos los mexicanos. El concepto jurídico se puede explicar en pocas palabras como “el ejercicio activo de todo actor político que haga valer la ley”. Es decir, que todo servidor público, miembro de la sociedad, empresario o político acate y respete lo que dictamina la ley. Se siguen los protocolos establecidos y se cumple con la debida diligencia de todo proceso legal. México, incluso en los mejores días, no es un país ideal que respeta el estado de derecho. Es un país que, el día 30 de abril, previo a la conclusión del periodo legislativo ordinario, la cámara de senadores convocó un pleno en condiciones irregulares, e incluso se les podría llamar ilegales. 

El motivo de esto es que tras la aprobación de 20 reformas de ley en el pleno de la cámara de diputados en la última semana de abril, había poco tiempo para que el senado votara en ellas para que pase al ejecutivo dentro del periodo ordinario legislativo. Si no se aprobaban antes del primero de mayo, se tendría que esperar hasta septiembre para poder votar en ellas. Para ese punto, el ambiente político de México será muy distinto al que vivimos actualmente. Hay que recordar que estamos a menos de cuarenta días de la celebración de las elecciones en el Estado de México; relevantes porque determinará el momentum político de Morena hacia el 2024. Sin embargo, la bancada de senadores morenistas tenía un pequeño detalle: la oposición no estaba dispuesta a abrir la tribuna del pleno de la cámara de senadores hasta que se determinaran los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La asignación de los comisionados ya tenía retraso, pues su fecha límite era el primer día de abril, mas los senadores morenistas no tienen contemplada esta acción democrática en su agenda política (para más detalles, consulten el artículo de mi colega Ivan Kociankowski y su artículo “Tambalea la existencia del INAI ante la falta de acuerdo político”). 

Los senadores del partido guinda decidieron hacer lo impensable: convocar el pleno fuera de la cámara de senadores sin contar con el quórum mínimo necesario y votar leyes sin participación de ningún partido de oposición, siendo el último punto inaudito desde la L

legislatura de 1976, donde el PRI perdió por primera vez una senaduría. Más allá de que aprobaron 20 leyes sin debatir ni leer ni cambiar algún artículo de las leyes promulgadas por su contraparte del congreso, los senadores morenistas cometieron una flagrante y obvia transgresión al estado de derecho mexicano. Ellos mismos redujeron la mitad del poder legislativo de una institución poco venerada por la población a un grupo de partidistas afines decidiendo por sus pantalones las leyes del país. No hay diferencia entre la aprobación de las leyes de parte de los senadores a un grupo de amigos decidiendo cuál película ir a ver al cine. 

Algunos comentaristas acusan objetivamente estos actos como una falta de respeto al estado mexicano y a sus ciudadanos, e incluso acusan este acto como el inicio de facto del fin del México Democrático que conocemos. Si bien el sentimiento es el apropiado, considerando que la necesidad de convocar un “pleno” surgió debido a la decisión política de MORENA de dejar al INAI inoperante, no hay que olvidar que el Congreso de la Unión es únicamente uno de tres poderes. Los otros dos deberían hacer su labor para proteger el estado de derecho ante tales obvias violaciones a su integridad. En particular en el poder Judicial, donde existen mociones de amparos que pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mayoría de los procedimientos legales en México se pierden por incumplimiento en las formas legales, no en el fondo. O dicho de otra manera, porque alguien no hizo las cosas correctamente. Esperemos que este caso sea de aprendizaje para los miembros del “Honorable” Congreso de la Unión que la ley y el estado de derecho se deben respetar.