Nacionales

¿Qué está pasando en Tamaulipas?

Guillermo Ucha Cabadas

31 de mayo 2021

El caso del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ha definido la agenda pública desde hace un mes. Sin embargo la desinformación ha acompañado a este suceso, que, sumada a la equivocada interpretación jurídica de muchos actores que están involucrados, nos lleva a resultados desastrosos para la ciudadanía que quiere estar informada.

Después de semanas de audiencias y meses de amenazas, el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados federal aprobó por mayoría la declaratoria de procedencia en el caso de Cabeza de Vaca. Esta pasó al Congreso local de Tamaulipas que votó en el sentido de no desaforar al gobernador. Ese mismo día el Congreso de Tamaulipas entabló una controversia constitucional, la cual se concentraba en saber si alguna de las autoridades involucradas estaban ejerciendo sus facultades conforme a lo establecido en el marco jurídico mexicano o si alguna estaba invadiendo facultades de otra.

Dicha controversia le fue turnada al Ministro Juan Luis González Alcántara, quien la desechó el pasado viernes 14 de mayo por considerarla “notoria y manifiestamente improcedente” debido a que ninguna de las autoridades invadió las facultades de la otra. Esto fue aprovechado por algunos actores políticos, como los coordinadores de morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, respectivamente, para desinformar a la ciudadanía sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, la decisión del Ministro González Alcántara confirmó que el Gobernador continúa en el cargo, sigue gozando de fuero y no puede ser detenido por las autoridades federales.

Después de este fallo, un juez federal, al que la Fiscalía General de la República (FGR), ya le había solicitado una orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, dio aviso de que ya no podía procesar dicha petición por considerar que el acusado seguía gozando de la protección constitucional. Sin embargo, el mismo juez unos días después decidió otorgar una orden de aprehensión, con lo que el juzgador y la propia FGR ignoraron e invalidaron los argumentos de constitucionalidad dictados por el Ministro González Alcántara. Básicamente hicieron con la ley lo que quisieron.

A estas acciones se le sumaron las de Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien congeló las cuentas del Gobernador y de sus familiares y de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien a través del Instituto Nacional de Migración emitió una “Alerta Migratoria”, con el fin de verificar, registrar e informar los movimientos de ingreso y salida del mandatario local, a través de la cual intentarían evitar la salida del país del Gobernador, quien cuenta con pasaporte estadounidense.

Como respuesta, el Senador Ricardo Monreal amenazó con convocar a un periodo extraordinario en el Senado con el objetivo de emitir una Declaración de Desaparición de Poderes en el Estado de Tamaulipas. Sin embargo, Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC declararon que no se prestarán a estas acciones.

Este caso debería importarnos porque puede marcar la pauta del actuar del Titular del Ejecutivo en el último tramo de su sexenio. Además, su relevancia jurídica lo hace de interés público, ya que nuestra Constitución, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros, por lo que las acciones del Ejecutivo y de los representantes de morena amenazan nuestro Estado de derecho y el Federalismo bajo el que nuestro país está construido.

Además, es necesario mencionar que el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal establece que "abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley” es un delito contra la administración de justicia, por lo que, si las autoridades federales quisieran detener al Gobernador, estarían cometiendo un delito.

No nos consta la inocencia ni la culpabilidad del Gobernador, ni mucho menos defenderemos a un político, sea quien sea. Sin embargo, lo que debemos defender es nuestro marco jurídico y el respeto hacia las instituciones que garantizan el desarrollo democrático de nuestro país.